La demanda de atención en salud mental crece más rápido que la capacidad del sistema público
Un relevamiento federal con datos de 14 provincias muestra un aumento sostenido de las consultas y las internaciones, en un contexto de redes comunitarias sobreexigidas y necesidad de ampliar recursos e infraestructura.
La escena se repite en guardias y centros de atención de todo el país: más personas llegan con problemas de salud mental, mientras los equipos responder con una capacidad que crece a un ritmo menor. En Argentina, las consultas ambulatorias aumentaron 23% durante el último año, y las internaciones se incrementaron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional de 12% en los últimos doce meses.
Los datos surgen de un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, con información brindada por las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias. Las jurisdicciones relevadas fueron Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, y en conjunto representan a más del 70% de la población argentina. También participaron Entre Ríos y Río Negro.
Una presión que se siente en los hospitales
El informe advierte una mayor demanda de atención entre niñas, niños y adolescentes, y entre personas que perdieron la cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga y pasaron al sistema público. En Buenos Aires, el 30% de las consultas en las guardias hospitalarias corresponde a problemas de salud mental, una cifra que muestra hasta qué punto la problemática dejó de concentrarse únicamente en espacios especializados.
Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales. Además, 13 de las 14 provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias mediante centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para el abordaje de consumos problemáticos. Sin embargo, las autoridades provinciales describieron esas capacidades como sobreexigidas y señalaron dificultades para completar equipos con disciplinas críticas.
- Aumentar la inversión en salud mental.
- Ampliar la infraestructura y los recursos humanos.
- Garantizar el acceso a medicamentos.
- Producir información Epidemiológica Nacional de calidad.
- Recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios.
El informe fue presentado en el Senado, en el marco del debate por una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. Las autoridades provinciales sostuvieron que la propuesta elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. El debate, por lo tanto, ocurre en un momento en el que la demanda crece y las redes disponibles deben absorber una presión cada vez mayor.
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