Detectan en Rosario una red de lavado que articuló coimas catalanas y narcotráfico durante casi dos décadas

Cinco fiscales federales de Rosario impulsaron esta semana un pedido de detenciones en una causa que describe cómo una terminal portuaria de uso público sirvió para integrar al circuito legal dinero de dos orígenes distintos: sobornos cobrados en España y ganancias del tráfico de drogas en la ciudad. La maniobra se extendió, según la investigación, durante casi 16 años.

El eje de la acusación

El centro de la imputación es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de Terminal Puerto Rosario (TPR). En 2023, un tribunal oral ya lo había condenado a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Desde una financiera en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de Rosario, Shanahan proveyó dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.

Según fuentes judiciales, la causa actual agrega otra capa. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española determinó, en un fallo confirmado en 2021, que el patrimonio de esa familia tuvo origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El esquema en tres pasos

• Ingreso disfrazado: el dinero de origen ilícito entraba al puerto como aporte societario de la offshore vinculada a Pujol Ferrusola.
• Transformación del activo: entre 2010 y 2012 el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador; lo que había entrado como "inversión" salía como "precio de venta".
• Egreso simulado: parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de convertir papeles en divisas fuera del radar bancario. La carátula de la investigación contempla los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y encubrimiento de narcotráfico.

El embargo solicitado sobre los bienes de los imputados asciende a unos 100 millones de dólares, una cifra que coincide con el volumen estimado de operaciones observadas por los peritos de la Procuraduría de Narcocriminalidad. La próxima instancia será la audiencia ante el juez federal que debe resolver si convalida los pedidos de detención y las medidas cautelares sobre los activos.