Un tribunal convalidó un acuerdo de 30 millones de pesos en una causa contra el ginecólogo Dahse, que seguirá preso

Un tribunal de Corrientes aceptó el acuerdo de reparación alcanzado entre el ginecólogo Gerardo Alejandro Dahse, de 56 años, y una mujer que lo había denunciado por abuso sexual. La homologación dejó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento condicionados al cumplimiento de varias obligaciones, entre ellas el pago de 30 millones de pesos.

La resolución también contempló la adquisición de herramientas e insumos para los centros comunitarios El Hormiguero y Vientos de Libertad, que trabajan con personas con problemas de consumo de drogas y con situaciones de violencia de género, según detallaron fuentes judiciales. La transferencia del dinero deberá concretarse dentro de las 24 horas y la compra de los bienes, en un plazo de 30 días.

La postura de las partes

La abogada de la denunciante, Sofía Domínguez Briceño, confirmó ante los jueces que había negociado con los defensores del acusado en los días previos a la audiencia prevista para el juicio oral. Explicó que su representada consintió la propuesta porque Dahse ya se encuentra detenido y porque, al recuperar la libertad, no podría ejercer la medicina. Además, sostuvo que la compensación permitiría mejorar las condiciones materiales de la mujer, que tiene una hija a cargo.

El fiscal Jorge Omar Semhan se opuso a la salida alternativa. La aprobación quedó en manos del tribunal, que finalmente convalidó lo pactado, según fuentes judiciales.

Los hechos denunciados y la condena previa

La causa se inició a partir de una denuncia radicada en 2021. La acusación describe un presunto abuso sexual con acceso carnal que habría ocurrido en 2008 en el consultorio del médico, cuando la paciente era adolescente.

El acuerdo no modifica la situación penal de Dahse. En octubre de 2023 fue condenado a siete años de prisión y recibió una inhabilitación permanente para ejercer la medicina por otro caso de abuso sexual. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ratificó esa sentencia.

El expediente se mantendrá abierto hasta que se acrediten el pago de los 30 millones de pesos, la entrega de los insumos a los centros comunitarios y el cumplimiento de las demás obligaciones fijadas por el tribunal. La próxima instancia será la verificación de esos compromisos.