Procesan a R.M. por lavado y le traban embargo por 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins, de 77 años, en una causa por lavado de activos, y dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La decisión, a la que accedió este portal, fue adoptada tras la extradición del imputado desde México, donde permanecía detenido desde 2019.

Según fuentes judiciales, la resolución analiza la presunta intervención de Martins en un conjunto de operaciones destinadas a incorporar al circuito económico formal dinero que, para el tribunal, provendría de la explotación sexual de mujeres.

El descargo de la defensa

Durante la indagatoria, Martins se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. En esa presentación, la defensa sostuvo que las 26 operaciones atribuidas —vinculadas con la adquisición de propiedades y la administración de sociedades— correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

Para el abogado del imputado, esas fechas eran anteriores al período del delito de explotación sexual que consideró firme, que la Justicia fija entre enero de 2013 y octubre de 2014. Además, afirmó que ese antecedente se limitaba al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y que las acusaciones referidas a otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los argumentos de Servini

Servini rechazó esa lectura. Explicó que una sociedad creada antes de un hecho ilícito puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de constitución de las empresas no resultaba suficiente para descartar las maniobras investigadas.

La magistrada evaluó de manera conjunta la participación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares. Concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura aunque no figurara formalmente como beneficiario final.

Origen de la investigación y próxima instancia

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, luego de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. Martins, exintegrante de la SIDE, había sido detenido en México en 2019 y su traslado a la Argentina desde Cancún quedó a cargo de efectivos de Interpol.

La carátula de la causa es "Martins, Raúl y otros s/ explotación sexual y lavado de activos". Con el procesamiento firme, la próxima instancia será la elevación de la causa a juicio oral y público, salvo que la defensa apele la resolución ante la Cámara Federal.