La socia de la concesionaria de Pilar declaró ante la fiscalía y apuntó contra clientes morosos por dos millones de dólares

Cynthia Chamoles, de 44 años, compareció ante el fiscal Andrés Quintana para dar su versión sobre las acusaciones que pesan sobre ella y su pareja, Carlos González, de 43, ambos detenidos en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en el partido bonaerense de Pilar.

En su declaración indagatoria, Chamoles atribuyó los incumplimientos de la concesionaria Autos Pilar Premium a un desfasaje generado por compradores que adquirieron vehículos con financiamiento y dejaron de pagar las cuotas en el último período. Según fuentes judiciales, la imputada afirmó tener pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares y sostuvo que el total de deudas a cobrar asciende a unos dos millones de dólares.

Los deudores señalados

• Un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad se preserva bajo reserva judicial, por una Land Rover Evoque entregada y nunca pagada, con una deuda de 120.000 dólares.
• Una Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, con embargo vigente, cuya liberación fue considerada clave para recuperar liquidez.
• Compradores con pagarés impagos que, en conjunto, sumarían cerca de dos millones de dólares.

El expediente identifica entre las víctimas a Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien habría entregado una camioneta Ford Ranger Raptor en consignación sin recibir el producido de la venta. También figura el diputado nacional Manuel Quintar, quien según la denuncia pagó 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck que nunca le fue entregado, parte mediante transferencias y parte en dinero en efectivo.

González, en tanto, habló de un descalce financiero de seis millones de dólares y describió el crecimiento de la firma desde un local en el Shopping Champagnat hasta una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, con picos de cien vehículos vendidos por mes. Atribuyó el inicio de la debacle a una causa federal previa por desobediencia, vinculada al uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no autorizada: tras el retiro ordenado por el juez federal de Campana, la concesionaria volvió a ocupar el espacio y el magistrado dispuso el secuestro de nueve unidades y su procesamiento por desobediencia.

La causa, caratulada como estafa y asociación ilícita, computa al menos 35 damnificados. La próxima instancia será la resolución del fiscal Quintana sobre los pedidos de procesamiento y eventuales medidas cautelares sobre el patrimonio de los imputados.