Mendoza abrió un canal gratuito para que familias renegocien sus deudas de consumo

La Provincia de Mendoza puso en marcha un mecanismo de conciliación gratuito destinado a consumidores finales que necesiten renegociar deudas originadas en tarjetas de crédito, préstamos personales y otros financiamientos de consumo. El procedimiento, instrumentado a través de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo, dependiente de la dirección provincial de Defensa del Consumidor, se activa cuando el pago de esos compromisos compromete de manera grave o inminente la economía del grupo familiar.

Quiénes pueden acceder y bajo qué condiciones

Para solicitar la intervención, la persona debe tener domicilio real en Mendoza, revestir el carácter de consumidora final y acreditar una situación de insolvencia personal o familiar, presente o inminente. La normativa fija como referencia que los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos de los convivientes. Cuando se trata de hogares en especial vulnerabilidad social, el umbral desciende al 25%.

• Hogares con menores a cargo.
• Personas con discapacidad.
• Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
• Personas desempleadas.
• Beneficiarios de programas sociales.
• Trabajadores informales.

Además, el capital total adeudado no puede superar el equivalente a cien salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de pedir la conciliación. Quedan fuera del alcance las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas, las sanciones penales y los compromisos empresariales o comerciales ajenos al consumo familiar.

Qué se puede negociar y qué no

El procedimiento no impone condiciones a los acreedores ni garantiza quitas automáticas. Las alternativas que pueden discutirse en la mesa de conciliación incluyen la extensión de los plazos de pago, períodos de gracia o espera, la eliminación de intereses punitorios y cargos por mora, y nuevos esquemas de cuotas. También es posible plantear la reducción parcial del capital, aunque toda modificación exige el consentimiento de la parte acreedora.

El trámite se inicia con la presentación del listado de acreedores, los importes adeudados y un detalle actualizado de activos y pasivos del solicitante. Defensa del Consumer luego cita a los acreedores, que cuentan con hasta diez días hábiles para informar su posición. El cierre del material de base se interrumpe en ese punto, por lo que el resto de los plazos y etapas del procedimiento no han podido ser corroborados en esta nota.