Esperas de meses para una discapacidad: el mapa de obstáculos que dejó la Defensoría en Córdoba

Son las diez de la mañana y en la puerta de un hospital público de la Ciudad de Córdoba ya hay gente sentada en las escaleras, con carpetas y certificados en la mano. Algunos vinieron desde el interior provincial, otros cruzaron desde barrios como Alta Córdoba o Arguello, y todos repiten la misma pregunta que se escucha en los pasillos: cuándo va a salir el turno. Esa escena, multiplicada por siete hospitales, es la que reconstruyó la Defensoría del Pueblo de Córdoba en un informe presentado el 5 de octubre de 2026, donde documenta los obstáculos que enfrenta una persona con discapacidad para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), a terapias, a prótesis y a medicamentos.

El trabajo no es un censo, sino el resultado de entrevistas y grupos focales con familias y prestadores. Por eso, sus testimonios describen experiencias concretas y no una medición estadística válida para todos los casos. Esa aclaración es importante para dimensionar lo que sigue: se trata de relatos que muestran cómo se viven las esperas, cuánto se gasta mientras tanto y qué pasa cuando la red pública y las obras sociales no responden a tiempo.

El camino para certificar la discapacidad

Para empezar cualquier trámite, hay que pasar por una junta evaluadora. En la Ciudad de Córdoba funcionan en siete hospitales, de los cuales dos son pediátricos. Según el relevamiento, conseguir un turno puede demandar entre dos y tres meses, y a eso se suman las demoras para obtener consultas con especialistas que forman parte del proceso. Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo, lo explicó con una cifra que atraviesa todo el informe: los plazos van de los cuatro a los nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación. Esos números, aclara el documento, describen lo relevado y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular.

Mientras tanto, la cuenta la paga la familia

Cuando el sistema no llega, lo que llega es la factura del hogar. Una madre entrevistada por la Defensoría contó que, después de sostener alrededor de dos años de atención particular, destina entre $150.000 y $180.000 solo en sesiones, sin contar transporte y apoyos escolares. El documento también registró una sobrecarga de cuidados que recae principalmente sobre las mujeres: madres que redujeron su jornada laboral, que resignaron ingresos y que reorganizaron sus vidas alrededor de turnos que se postergan. En varias entrevistas aparece la misma frase, con distintos acentos: "yo no puedo dejar a mi hijo solo, y el Estado no me da una respuesta". No la reproduzco textual porque el informe la reconstruye de manera agregada, pero el sentir es ese.

La otra cara: prestadores que cobran tarde y con aranceles atrasados

• Atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos de obras sociales y programas estatales a los centros de rehabilitación.
• Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional aumentaron un promedio del 225%, frente a una inflación acumulada del 336%.
• En el mismo período, la nafta súper subió un 559% y el valor reconocido por kilómetro, solo un 231%.
• El informe vincula esa diferencia con dificultades para sostener los servicios y describe instituciones que redujeron gastos de funcionamiento.

Cuando uno mira esos números juntos, aparece una distorsión que golpea a los dos lados del mostrador. A las familias, porque pagan de su bolsillo lo que el Estado debería cubrir. Y a los prestadores, porque venden un servicio cuyo precio reconocido quedó por debajo de los costos reales de combustible y de mantenimiento. El resultado, según la Defensoría, es un sistema que se va vaciando de a poco: instituciones que ajustan gastos, profesionales que migran a la atención particular, y que las personas con discapacidad queden en el medio.

Volver a la puerta del hospital

Vuelvo mentalmente a esa puerta de hospital donde empezó esta nota. La escena cambia poco: las mismas carpetas, los mismos turnos que se estiran, las mismas familias que vuelven a la semana siguiente con la esperanza de que esta vez sí. Lo que hace el informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba es darle nombre y plazo a esa espera: dos o tres meses para certificar, hasta nueve para una prótesis, hasta catorce para una rehabilitación. Son cifras frías, escritas en un documento, pero detrás de cada una hay alguien que dejó de trabajar, que pagó de más, que cuidó sola, que explicó cien veces por qué necesita una respuesta. Y ese alguien, en la mayoría de los casos, no está solo: está esperando con otros, en una puerta que se abre tarde y se cierra temprano.